Casa Rosada redobla su estrategia de veto y señala a los gobernadores por no avanzar con el ajuste

Redacción del Diario REPORTERO

El gobierno nacional volvió a respaldar públicamente su política de vetos a una serie de leyes aprobadas por el Congreso y, al mismo tiempo, endureció su discurso contra los gobernadores provinciales, a quienes acusó de no haber avanzado con el ajuste fiscal en sus respectivas jurisdicciones.

Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que muchos de los mandatarios provinciales "quieren más fondos" en plena campaña electoral, pero que no han acompañado el esfuerzo de equilibrio presupuestario impulsado por el presidente Javier Milei.

"Estamos a tres meses de las elecciones nacionales, cada sector hace su juego", afirmó Francos en declaraciones radiales, al justificar el revés que sufrió el oficialismo en el Senado. "Muchos gobernadores quisieron acordar con nosotros porque Milei mide muy bien. En otras provincias decidimos avanzar solos, eso generó algunos problemas y en reacción apoyaron las propuestas del kirchnerismo", añadió.

El funcionario también remarcó que las iniciativas legislativas recientemente sancionadas —entre ellas la suba de las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad— implicarían un incremento del 1,4% del PBI y anticipó que serán vetadas por el Presidente. “Todos estos temas descalabran el Estado. El Gobierno las va a vetar, no tengan dudas”, subrayó.

Francos fue aún más crítico al analizar el rol de los gobernadores: “La gran mayoría no avanzó con el ajuste fiscal en sus provincias”. Y agregó: “Todos los impuestos que hemos derogado afectan la recaudación nacional. No le tocamos un solo peso a las provincias. No hemos afectado los intereses provinciales”.

En paralelo, crecen las tensiones en el Congreso. El senador peronista José Mayans pidió a los gobernadores que instruyan a sus legisladores para resistir el veto presidencial. “Las provincias empiezan a darse cuenta de que están siendo estafadas. Nación le debe 11 millones a la provincia de Buenos Aires, según los detalles que me mandó el gobernador Kicillof. Esa deuda nace del préstamo que tomó Milei del FMI”, afirmó.

En tanto, distintos expertos en derecho constitucional advirtieron que el Ejecutivo no tiene fundamentos para frenar en la Justicia las leyes aprobadas por el Senado. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, explicó que “la insinuación de Milei como titular del Poder Ejecutivo de llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano”.

En esa misma línea, Diego Armesto sostuvo que “es imposible judicializar. No podés impugnar un proceso constitucional. Si el Presidente dice que va a vetar, está reconociendo el acto constitucional del proceso de formación y sanción de la ley. No podés ir contra una facultad constitucional”.

La tensión entre Nación y las provincias se mantiene elevada en un clima preelectoral que condiciona todas las decisiones políticas. Desde el oficialismo confían en que el veto servirá como herramienta de contención fiscal, mientras que en las bancadas opositoras se preparan para una disputa institucional más intensa.

Para REPORTERO, el escenario actual revela un delicado equilibrio entre la política fiscal, la gobernabilidad y la legitimidad de las herramientas constitucionales que tiene el Presidente en un Congreso adverso. La tensión entre poderes podría profundizarse si el oficialismo insiste en confrontar a las provincias sin un marco de negociación concreto.