La Libertad Avanza moviliza punteros, barras y pastores evangélicos en la pulseada electoral bonaerense contra el PJ

A pocas horas del cierre formal de la inscripción de candidatos para las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la campaña electoral promete una confrontación intensa y cargada de recursos. La alianza que encabeza Javier Milei, La Libertad Avanza, apostó a una estrategia que retoma las prácticas tradicionales de la política bonaerense: acuerdos con barrabravas, punteros territoriales y pastores evangélicos, un armado que desafía la retórica anti-casta que suele pregonar el espacio.

Encabezada por Sebastián Pareja, exfuncionario con pasado menemista y actual responsable de la campaña, la alianza moviliza recursos estatales de gran escala, como la Anses y el PAMI, organismos claves que facilitan tanto la logística como la base territorial para la fiscalización y el contacto directo con el electorado. A pesar de las advertencias públicas para evitar el uso partidario de recursos estatales, se desplegaron más de 50 unidades móviles en puntos estratégicos del conurbano, en lugares como clubes, hospitales y templos evangélicos, donde militantes identificados realizan tareas de apoyo electoral.

Según fuentes internas, la alianza consolidó vínculos con la iglesia evangélica, una fuerza social creciente que supera el 15% de la población argentina y que ofrece canales de llegada a sectores vulnerables y barrios periféricos. Este componente se suma a la red tejida con grupos barriales y sindicatos, incluyendo vínculos con barras bravas que ya han tenido protagonismo en campañas anteriores y que ahora actúan dentro de la estructura llamada “La San Martín”, que funciona como brazo político del espacio en varios municipios clave del conurbano.

En la tercera sección electoral, el armador Fabricio Martínez, exjefe de la barra brava de Deportivo Laferrere, desempeña un rol central en la articulación territorial, combinando contactos sindicales y fuerza barrial para consolidar la presencia electoral. Por su parte, referentes macristas que integran la alianza conocen y validan estas conexiones, que representan un desafío directo para el PJ, que históricamente mantuvo el control sobre esos espacios.

La reacción del peronismo no se hizo esperar: el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, lanzó el programa “Hinchadas MTZ” con el objetivo de captar la fidelidad de los seguidores de clubes populares y evitar la influencia de la oposición en esos sectores, en un intento por frenar el avance territorial de los libertarios.

En paralelo, el gobernador Axel Kicillof buscó respaldo sindical para la campaña oficialista, prometiendo puestos en las listas electorales a cambio de apoyo en la movilización y fiscalización, en una señal clara de la importancia estratégica que tiene esta elección para el PJ en su bastión tradicional.

En las horas previas al inicio formal de la campaña, se espera una escalada en la disputa por el control de espacios públicos para la colocación de propaganda y pintadas, un negocio informal que moviliza cifras millonarias y que involucra a grupos vinculados a la política, barras y fuerzas de seguridad.

Esta compleja red de alianzas y recursos muestra una vez más cómo la contienda electoral bonaerense combina prácticas de la vieja política con las nuevas fuerzas emergentes, en un escenario donde la batalla por el poder adquiere dimensiones que exceden lo estrictamente partidario y desnudan los entramados que sostienen el poder territorial.

Redacción del Diario REPORTERO

Perspectiva social y política

El despliegue de recursos públicos y la inclusión de sectores controvertidos en la campaña electoral generan un debate urgente sobre los límites éticos en la política argentina. Si bien la movilización social y territorial es clave para la democracia, la normalización de prácticas vinculadas a grupos con antecedentes violentos o intereses particulares puede erosionar la confianza ciudadana y complicar la renovación política que muchos reclaman. Este fenómeno pone en jaque la transparencia electoral y plantea interrogantes sobre la consolidación de un sistema político que, a pesar de nuevas figuras y discursos, mantiene viejos mecanismos de poder en la provincia más importante del país.