A diez años del grito colectivo que movilizó a millones de personas bajo la consigna #NiUnaMenos, el panorama en Argentina no muestra señales de alivio. El Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) presentó un informe que estremece: desde el 1 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, se registraron 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios en todo el país. Es decir, una víctima cada 33 horas.

En medio de un contexto económico devastador, las voces de alerta se multiplican. “El brutal ajuste implementado por el Gobierno de Javier Milei profundiza la desprotección y la precarización de nuestras vidas”, denunciaron desde MuMaLá. La cifra que debería avergonzar al Estado se transforma en una evidencia concreta de su inacción.

Entre los datos más estremecedores se destaca que el 86 % de los casos fueron femicidios directos, y que 2.788 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos. Además, el 64 % de los femicidios ocurrieron dentro del hogar de la víctima, confirmando que el ámbito doméstico sigue siendo el epicentro de la violencia machista.

El informe también revela que el 50 % de las víctimas tenía entre 19 y 40 años, y que 166 niñas y niños menores de 12 años fueron asesinados. De esos casos, el 58 % fueron femicidios vinculados, es decir, homicidios cometidos para castigar o hacer sufrir a la mujer.

Otro dato alarmante: 1.280 mujeres madres fueron asesinadas y al menos 61 mujeres embarazadas fueron víctimas de femicidio. La violencia machista ataca incluso a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad física y emocional.

El sistema de protección estatal tampoco ha dado respuestas efectivas. Sólo el 17 % de las víctimas había realizado una denuncia previa, y de ellas, apenas un 10 % accedió a un dispositivo electrónico de alerta. El 54 % había conseguido una orden de restricción, lo que evidencia una grave falla en los mecanismos de prevención y seguimiento.

La violencia institucional también es parte del problema. El 9 % de los femicidas pertenecía a fuerzas de seguridad, y el 53 % de ellos utilizó su arma reglamentaria para ejecutar el crimen. Además, el 67 % de los agresores eran pareja o ex pareja de la víctima, y el 38 % convivía con ella al momento del hecho.

Victoria Aguirre, vocera nacional de MuMaLá, no dudó en señalar al actual gobierno como parte del agravamiento del escenario: “El recorte en políticas de género, la eliminación de programas de asistencia y la desjerarquización institucional nos expone aún más. El negacionismo del gobierno no es solo retórico: es una condena de muerte para muchas”.

“La reducción del Estado, en nombre de la ‘libertad’, se traduce en menos prevención, menos asistencia y menos justicia. No podemos permitir que el ajuste se siga cobrando nuestras vidas”, sentenció la dirigente.

Desde REPORTERO sostenemos que este informe no puede ser leído solo como una estadística. Es un llamado urgente a que el Estado retome su rol activo en la protección de las víctimas. Diez años después del primer #NiUnaMenos, el reclamo no solo sigue vigente: se vuelve más urgente que nunca.