La imagen recorrió las redes sociales con velocidad y furia. En pleno carnaval, en una localidad del interior argentino cuya identidad aún no ha sido oficialmente difundida, un grupo de hombres desfiló con pancartas que decían: «Aguanten las menores» y «Dos besitos porque tres se me para». La escena no sólo generó repudio inmediato: activó una alarma sobre la naturalización de discursos que promueven delitos aberrantes, como el abuso sexual infantil.

Este medio investigó lo ocurrido, entrevistó a vecinos, y confirmó que el desfile fue parte de una agrupación informal de jóvenes que, según fuentes locales, «ya habían protagonizado provocaciones similares en años anteriores». Sin embargo, esta vez el límite fue traspasado. Lo inquietante no fue solo el acto en sí, sino la total falta de reacción de parte de las autoridades organizadoras y municipales.

Una fuente del área de cultura municipal, que pidió reserva de identidad, admitió a REPORTERO que no hubo sanción alguna a los participantes. «Se habló de una broma de mal gusto», dijo. Pero juristas especializados en delitos contra la integridad sexual consultados por este medio afirman que la conducta puede enmarcarse en el artículo 128 del Código Penal, que castiga la promoción y facilitación del abuso sexual infantil.

Un país atravesado por violencias sistemáticas contra la infancia

En la misma semana, en otra ciudad, una niña de 13 años fue internada por dolores abdominales. El diagnóstico fue un embarazo de 32 semanas, producto de violaciones reiteradas por parte de su padrastro. La madre encubrió el hecho. La indignación vecinal no tardó en manifestarse frente al domicilio familiar.

Este caso no es una excepción. De acuerdo a un relevamiento del Ministerio Público Tutelar de CABA, el 80% de los abusos sexuales infantiles se dan dentro del círculo familiar o de confianza. Sin embargo, muchos operadores judiciales siguen ordenando vínculos forzados entre niñas y niños y sus agresores, bajo la presunción de falsas denuncias sin base probatoria.

El problema, según especialistas como la psicoanalista Susana Toporosi, radica en que cada agresión sexual debe ser entendida como una acción política: una forma de conservar un orden jerárquico donde el poder se perpetúa a través del sometimiento de los cuerpos más vulnerables. «Es un crimen de poder, no un problema de moralidad individual», señala Toporosi en diálogo con REPORTERO.

Retrocesos institucionales: entre la ESI y el negacionismo

Desde la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en 2006, se avanzó en formación docente, contenidos curriculares y detección temprana. No obstante, los últimos años registraron retrocesos: agrupaciones conservadoras lograron frenar o diluir su implementación en numerosas provincias. El recorte presupuestario y el vaciamiento de equipos técnicos provinciales agravan el escenario.

Mientras tanto, los discursos que banalizan el abuso sexual o lo relativizan como un «tema de agenda ideológica» ganan terreno. En este contexto, la aparición pública de mensajes como los del desfile de carnaval deja de ser un hecho aislado: es la consecuencia de un contexto social donde los límites éticos y legales se difuminan peligrosamente.

¿Quién responde ante estos crímenes?

La falta de reacción oficial tras el desfile pone en jaque al Estado. Ni la intendencia local ni organismos provinciales emitieron comunicado alguno. Tampoco hubo intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal.

En diálogo con este medio, una funcionaria del área de niñez reconoció: «Nos faltan recursos, pero también decisión política. Si permitimos que se naturalice la apología del abuso, estamos siendo cómplices». La afirmación pone en relieve el dilema central de esta investigación: la pasividad institucional frente a crímenes de poder.