Mendoza avanza para sancionar económicamente a funcionarios que incumplen sus obligaciones
Redacción del Diario REPORTERO
La Legislatura de Mendoza está a un paso de aprobar dos proyectos de ley clave que buscan mejorar la gestión pública provincial, estableciendo sanciones económicas para los funcionarios que no cumplan con sus deberes administrativos. Estas iniciativas, impulsadas por el senador Armando Magistretti, pretenden que los empleados estatales asuman el costo de su propia ineficiencia y terminen con la impunidad que ha generado perjuicios millonarios al Estado y a la sociedad.
Los proyectos, que cuentan con media sanción en el Senado por unanimidad, están enfocados en castigar la demora injustificada y el silencio administrativo, conocido como “denegación tácita”, cuando los organismos públicos no responden dentro de los plazos legales establecidos. Esta falta de respuesta vulnera el derecho de defensa de la ciudadanía y genera indefensión, ya que obliga a los afectados a recurrir a acciones judiciales para obtener una resolución.
Uno de los proyectos propone incorporar un artículo 38 bis al Código Procesal Administrativo para que los tribunales identifiquen en sus resoluciones al funcionario responsable de la demora, y que la autoridad administrativa aplique las sanciones correspondientes. Según datos oficiales, durante 2024 hubo cerca de 200 sentencias en procesos administrativos, con casi 50 casos derivados de denegación tácita, pero en ninguno se aplicaron sanciones a los responsables.
En la Cámara de Diputados, se introdujo una modificación para que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resuelva sobre la admisión formal de las acciones judiciales por denegación tácita y determine el funcionario responsable, permitiendo así su sanción disciplinaria según la Ley 9003.
La segunda iniciativa, que modifica el artículo 219 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, busca que cuando prosperen amparos por mora (demandas de urgencia por demoras del Estado), las costas del proceso no solo sean pagadas por la Provincia, sino también solidariamente por el funcionario identificado como responsable de la demora.
El senador Magistretti explicó que el objetivo de ambas leyes es poner fin a la impunidad de quienes por negligencia o inacción causan daños económicos y sociales. “Queremos moralizar la función pública y que haya consecuencias reales para quienes incumplen”, afirmó.
La urgencia de estas reformas se sustenta en cifras contundentes: según el informe anual de la Fiscalía de Estado, en 2024 Mendoza pagó más de 6.915 millones de pesos en sentencias judiciales, de los cuales el 75% correspondió a intereses por demoras administrativas. Este monto representa un aumento del 188% respecto al año anterior, y refleja un serio perjuicio económico para el Estado y, por ende, para todos los mendocinos.
El presupuesto 2025 para la Fiscalía de Estado prevé destinar más de 3 mil millones de pesos para cancelar juicios con sentencia firme en contra de la Provincia, cifra que incluye fallos por daños y perjuicios, acciones procesales, amparos sindicales y expropiaciones.
REPORTERO reafirma la importancia de estas iniciativas legislativas, que podrían marcar un antes y un después en la gestión pública provincial, al exigir responsabilidad concreta y sanciones a quienes incumplen, resguardando los derechos de la ciudadanía y la eficiencia del Estado.
