Estafas desde la cárcel: desbaratan en Junín una banda que engañaba a corralones con pedidos millonarios

REPORTERO

Una investigación policial permitió desarticular en Junín una banda dedicada a cometer estafas contra corralones y pinturerías de la ciudad mediante pedidos fraudulentos de materiales de construcción. El dato que más llamó la atención de los investigadores fue que el presunto líder de la organización operaba desde el interior de una celda de la Unidad Penitenciaria Nº 16.

El caso comenzó a tomar forma a partir de la denuncia realizada por Claudio Perkusic, responsable de un conocido corralón local. El comerciante detectó un pedido sospechoso realizado a través de WhatsApp, supuestamente efectuado en nombre del empresario Néstor Tudisco. Al comunicarse con él para confirmar la operación, Tudisco negó haber realizado la compra y reveló que otras empresas del rubro también estaban recibiendo solicitudes similares bajo su identidad.

Según la investigación, los autores de la maniobra solicitaban materiales de construcción, sanitarios y grifería a distintos comercios de la ciudad. Luego coordinaban el retiro de la mercadería mediante servicios de flete, prometiendo pagos en efectivo o transferencias que nunca se concretaban.

Con estos elementos, detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín iniciaron un seguimiento encubierto sobre uno de los fletes que acababa de retirar sanitarios de un comercio local. El vehículo fue seguido hasta una vivienda ubicada en calle República Libanesa, donde los efectivos intervinieron y detuvieron a dos hombres de 32 y 27 años.

De acuerdo con la investigación, ambos cumplían el rol de receptores de la mercadería obtenida mediante el engaño. Su tarea consistía en recibir los productos y ocultarlos para luego colocarlos nuevamente en el circuito comercial a través de la reventa.

Las pruebas recolectadas indicaban que las instrucciones para concretar las estafas provenían desde el interior de la Unidad Penitenciaria Nº 16. Con esa información, el fiscal Martín Laius, titular de la UFI Nº 8, ordenó un allanamiento de urgencia en el Pabellón 1 del establecimiento carcelario.

Durante el procedimiento, los investigadores inspeccionaron la celda de un interno de 21 años y secuestraron dos teléfonos celulares —uno marca Samsung y otro Redmi— junto con sus respectivas tarjetas SIM. Según la hipótesis judicial, esos dispositivos eran utilizados para contactar a los comercios y coordinar los pedidos fraudulentos.

El detenido, que ya cumple una condena por otros delitos, fue notificado de una nueva causa por estafa en grado de tentativa y flagrancia. En tanto, los dos hombres arrestados en la ciudad quedaron a disposición de la justicia mientras avanza la investigación.

Los investigadores no descartan que existan más comercios afectados por esta modalidad en Junín y la región, por lo que se analizan los teléfonos secuestrados en busca de nuevos elementos de prueba.

El episodio volvió a poner en el centro del debate la presencia de teléfonos celulares dentro de las cárceles y los riesgos que enfrentan los comercios cuando reciben pedidos de mercadería a través de canales digitales sin verificación directa.

En el sector comercial, muchos empresarios admiten que la rapidez de las operaciones por mensajería instantánea facilita las ventas, pero también abre una puerta a maniobras fraudulentas cada vez más sofisticadas.

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