Veronelli impulsa eliminar la VTV en Buenos Aires y denuncia un sistema “sin impacto real en la seguridad vial”

La concejal de La Libertad Avanza, Belén Veronelli, presentó un proyecto de comunicación ante la Presidencia del Concejo Deliberante con el objetivo de solicitar a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el tratamiento de una ley que derogue el actual sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

En los fundamentos de la iniciativa, la edil sostuvo que el esquema vigente “no cumple con la finalidad para la cual fue creado” y advirtió que, con el paso del tiempo, se transformó en “un sistema meramente recaudatorio”, sin resultados visibles en materia de seguridad vial.

El proyecto solicita de manera expresa al gobernador bonaerense y a los presidentes de ambas cámaras legislativas provinciales el pronto tratamiento de una norma que elimine la VTV tal como funciona actualmente. Según el texto elevado, los fondos que se recaudan a través de este mecanismo no se traducen en mejoras concretas en rutas, calles o caminos, ni en políticas sostenidas de educación vial.

Veronelli también cuestionó el esquema de concesión del servicio, al señalar que “beneficia a un puñado de empresas”, mientras que el impacto positivo para los usuarios y la comunidad resulta prácticamente inexistente. En ese sentido, remarcó que no existe una correlación comprobable entre la obligatoriedad de la VTV y una reducción efectiva de los siniestros viales.

La concejal puso el foco además en la situación local y regional. Indicó que Junín cuenta con un parque automotor que supera las 80 mil unidades, entre automóviles y motocicletas, y que la planta de VTV instalada en la ciudad concentra verificaciones de numerosos distritos de la región, lo que incrementa el volumen de recaudación.

Otro de los puntos destacados en la iniciativa es el reciente aumento del valor de la VTV, que —según sostuvo— agrava la carga económica para los vecinos, en un contexto complejo, sin que ello se refleje en mejoras visibles para la circulación o la seguridad en el tránsito.

El proyecto propone que, en caso de avanzarse con la derogación del sistema provincial, el control técnico vehicular quede regido por la Ley Nacional de Tránsito, bajo la órbita de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que se abra un debate profundo sobre el actual esquema de control y recaudación.

Para dimensionar el volumen económico que representa el sistema, Veronelli afirmó que si apenas el 30% del parque automotor de Junín realizara la VTV, la empresa concesionaria podría percibir ingresos superiores a los 2.000 millones de pesos anuales, una cifra que, a su entender, expone la magnitud del negocio detrás del servicio.

Opinión pública: el planteo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a miles de conductores bonaerenses: si el control vehicular, tal como está diseñado, cumple un rol preventivo real o si requiere una revisión integral para recuperar legitimidad social y transparencia en el uso de los recursos.